TRABAJO DECENTE EN LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS: EL CONVENIO DE LA OIT. ¿Y ARGENTINA?
Por Mariana Iturriza
Mientras en muchos países del mundo se incorporan mejoras para lxs trabajadorxs de plataformas, en Argentina, donde cada día se suman más mujeres al sector, las condiciones empeoran.
En la última década creció exponencialmente el empleo en plataformas digitales (repartidorxs y conductorxs) en todo el mundo: un trabajo caracterizado por la existencia de empresas poderosas que derivan servicios de transporte o reparto y obtienen grandes ganancias por un lado, y trabajadorxs cuentapropistas independientes que realizan esos servicios, por el otro. Un trabajo que hasta ahora pocos países ha regulado.
En junio de este año, la OIT aprobó el “Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas” (Núm. 193, 2026) , con 406 votos positivos, 8 negativos y 36 abstenciones, entre las que se encuentra la de Argentina.
El Convenio 193 plantea que los países que lo adopten deberán tomar medidas apropiadas para reconocer derechos para lxs trabajadorxs de plataformas, como un ingreso igual o mayor al salario mínimo, cobertura por riesgos de trabajo, seguridad social, transparencia algorítmica y protección contra la desactivación arbitraria y contra el acoso laboral, entre otros.
Más allá de la votación, el PArlamento de cada país debe ratificar el Convenio para que sea vinculante, y reglamentarlo para que adquiera fuerza de ley.
Algunos países, por otra parte, han dictado medidas a favor de lxs trabajadorxs de plataforma en los últimos años. En México ya se implementó la prueba piloto de “Reforma en materia de trabajo en plataformas digitales”, que el Gobierno sancionó en diciembre de 2024 y que busca formalizar a 1.3 millones de trabajadorxs. Además de garantizar derechos y seguros “por riesgos de trabajo, por enfermedades y maternidad, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, guardería y prestaciones sociales” a la par de otrxs trabajadorxs, la reforma establece una serie de normativas de control fiscal sobre las empresas de plataforma del sector.
Otros países, como los de la Unión Europea, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, China, algunos estados de EEUU, Chile y Uruguay, están asimismo avanzando en la protección social y reguglarización legal de lxs empleadxs de plataformas.
Argentina: a contramano del mundo en materia de derechos
Si bien no hay datos oficiales, según el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), en Argentina, desde 2020 creció un 900% la cantidad de personas trabajando en este rubro y en la actualidad hay más de un millón, ya sea en repartos a domicilio (Rappi, PedidosYa) o en movilidad privada (Uber, Cabify y Didi).
Se trata de un sector con una gran mayoría de fuerza de trabajo masculina, pero donde las mujeres se están integrando cada día más. (Ver “Más mujeres en los delivery”, ANCCOM, Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA, 22/4/26 y «Cada vez más mujeres se animan a trabajar como repartidoras: Salen porque no queda otra», 0223, 14/8/2025). Queda por ver el impacto en la vida de las mujeres y el trabajo de cuidado que ellas realizan de manera prioritaria.
El crecimiento del sector en los últimos años se debe sobre todo a la pérdida del empleo formal, incluso muchas veces es un complemento de los ingresos del trabajo principal. Más del 60% de los conductorxs de apps tienen otro trabajo en simultáneo, según la investigación “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina”, elaborada por investigadorxs de 8 universidades, el Instituto Gino Germani y el Conicet y publicada en 2025.
El incremento de la oferta deprimió el rendimiento económico, por la mayor competencia. La Fundación Encuentro publica anualmente el Índice App, que calcula la cantidad de pedidos que debe hacer un/a repartidor/a para cubrir los gastos de la canasta básica total por mes. En marzo de 2026 ese índice dio 453 viajes (a un valor promedio de $3.165), es decir, 7 viajes más que un año atrás.
Estxs trabajadorxs en Argentina carecen de toda protección del Estado. La Reforma Laboral (Ley 27.802) que el Gobierno de Milei promulgó en marzo de este año lxs deja explícitamente afuera de la Ley de Contrato de Trabajo y define un marco normativo específico para ellxs, el “Régimen de los servicios privados y de movilidad de personas y/o reparto”, donde se plantea que se trata de una relación contractual entre empresas de plataforma, usuarios y prestadores independientes, es decir, sin salario garantizado, aportes, indemnización, derechos sindicales ni protección social mínima.
La precariedad del empleo y la vulnerabilidad de lxs trabajadorxs de plataformas queda expuesta en situaciones como la denunciada en las últimas semanas por el SiTraRepA, acerca de los préstamos que las mismas empresas realizan a lxs trabajadorxs para comprar elementos de trabajo, a devolver en cuotas semanales con altos intereses, debitadas directamente de la remuneración del repartidor.
En la Argentina actual cuesta imaginar la sanción de una ley que favorezca a lxs trabajadorxs, en un contexto de retroceso de derechos en todos los sectores, y de beneficios para las grandes empresas.
Sin embargo, existen iniciativas más acordes con lo que se está pensando en otros países. En abril, la Corte Suprema Bonaerense dejó firme un fallo que considera empleados en relación de dependencia a lxs trabajadorxs de Rappi y le impuso a la empresa una multa.
Por su parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en línea con los avances de la OIT, presentó a fines de junio un proyecto de Ley en la Legislatura provincial que busca regular la actividad de estas empresas y asegurar un piso de derechos a lxs trabajadorxs, centrándose en el registro laboral, la cobertura de seguros, controles estatales y medidas de seguridad para repartidorxs y conductorxs. (Ver “La Provincia, en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de aplicaciones. Proyecto de Ley”).
Se trata de antecedentes importantes factibles de ser replicados en otras provincias e instancias nacionales, y ponen de manifiesto un Estado que cuida a lxs trabajadorxs más vulnerables.