En la madrugada del 13 de mayo se realizaron 27 allanamientos a comedores populares y a dirigentes de organizaciones sociales como el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, a partir de una denuncia del ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. El argumento que se esgrime es que han recibido llamados a la línea 134, con denuncias de extorsiones por parte de referentes de las organizaciones hacia quienes reciben algún tipo de prestación social.

No es casualidad que sean estas organizaciones, con gran presencia de mujeres, las que más se han opuesto a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, con movilizaciones, acampes pacíficos y pedidos de reuniones, sin recibir jamás ninguna respuesta por parte de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ni de ningún otro funcionario/a. En una situación social cada vez más crítica, desde que asumió en diciembre, el Gobierno no ha entregado recursos a los comedores y merenderos populares, y, en cambio, amenaza y hostiga directamente a las organizaciones que, con cada vez menos recursos, sostienen los espacios comunitarios y redes barriales. 

Los allanamientos se produjeron a altas horas de la madrugada, y fueron extremadamente violentos. Las víctimas denuncian que se han violado derechos constitucionales elementales, entre insultos y amenazas, les apuntaron con armas a la cabeza, han roto y llevado elementos de sus casas, además de intervención de celulares y computadoras.

Los hechos resultan de una extrema gravedad y se inscriben en un conjunto de políticas por parte del Gobierno tendientes a desarticular los entramados comunitarios existentes en los barrios. 

Desde la Asociación Lola Mora, junto a amplios sectores del movimiento feminista, nos proponemos hacer visible el trabajo que realizan las cuidadoras comunitarias en los barrios: ellas no solamente amortiguan el hambre de miles de familias todos los días, sino que también contienen, escuchan, orientan y asesoran a todas las personas que se acercan presentando diversas problemáticas y situaciones, poniendo el cuerpo ante situaciones de extrema vulnerabilidad, y con escasos recursos económicos. Sin embargo, este trabajo no está reconocido como tal, por lo tanto, carece de derechos laborales y la poca remuneración que reciben es insuficiente (el programa Potenciar Trabajo quedó congelado en $78.000 en diciembre).

A pesar de las adversidades, las mujeres de los barrios populares han logrado, a lo largo de los años, nutrirse de una gran experiencia política y de organización comunitaria. Son ellas quienes frente a las situaciones de crisis, organizan y fortalecen los entramados barriales. Seguiremos trabajando para fortalecer a las cuidadoras comunitarias, en un contexto de ajuste económico en el que estas redes resultan imprescindibles para el sostenimiento de la vida cotidiana de los sectores más vulnerables.  

En una conferencia de prensa realizada ayer, dirigentes de movimientos sociales denunciaron un plan de hostigamiento hacia estas organizaciones que se oponen a las políticas del Gobierno “que ha abandonado a su suerte a todas las personas que tienen la necesidad de ir a un comedor popular”.

Un Estado presente es un Estado que cuida.