Impuestos y redistribución versus ajuste y desigualdad
Por Verónica Grondona y María Julia Eliosoff para Página/12
12 de julio de 2026
En esta nota para Página/12, las economistas Verónica Grondona y María Julia Eliosoff explican por qué es importante que la ciudadanía se involucre en cuestiones de política tributaria, aunque parezca un tema técnico para especialistas.
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La discusión sobre política tributaria suele presentarse como un debate técnico entre especialistas. Sin embargo, en el centro de la disputa está el modelo de desarrollo: quién paga, quién se beneficia y con qué recursos se financia el Estado.
La política tributaria en la Argentina está en el centro del debate público, al menos del económico. Si bien suele ubicarse como una discusión de palacio, todas las personas nos vemos afectadas por los impuestos, y tenemos una opinión sobre eso.
Es una parte muy importante de la discusión que define el modelo de país que queremos construir para las próximas décadas. Y no es casualidad que este debate cobre relevancia justo ahora, cuando la región atraviesa un viraje político-económico hacia políticas de fuerte raigambre liberal, que aun cuando se viste de alternancia ideológica, es más bien genuflexo ante el poder del imperio, las multinacionales y las grandes fortunas.
La región, que ha sido escenario de gobiernos progresistas que ampliaron derechos, mejoraron las condiciones sociales e impulsaron reformas tributarias en clave de justicia fiscal, hoy enfrenta una fuerte contraofensiva de gobiernos y fuerzas políticas alineadas con el liberalismo económico más ortodoxo y, en muchos casos, con la ultraderecha que implementa políticas económicas que contribuyen a profundizar la desigualdad que ya es una marca registrada de nuestra región.
Este viraje no es un hecho aislado: a gobiernos como el de Argentina, El Salvador y Ecuador, se le suma Chile, que ha experimentado un giro conservador que frenó las expectativas de reformas estructurales; Colombia, que tras sus recientes elecciones, se ha sumado al grupo de países gobernados por extremistas de derecha; al igual que Perú, tras la vuelta al poder de la familia Fujimori. Brasil, México y Uruguay se mantienen al margen. Aunque Brasil se prepara para elecciones con un fuerte apoyo al heredero político de Jair Bolsonaro, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación ideológica en el subcontinente.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei representa el ejemplo más acabado de esta corriente reaccionaria. Su administración tiene un discurso que descalifica sistemáticamente la intervención estatal, sostiene políticas de austeridad fiscal extremas, desprecia el efecto multiplicador del gasto público y profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva.
En lugar de fortalecer el sistema impositivo, opta por financiar el Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que, según sus propias declaraciones, tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando radicalmente la estructura económica y social del país.
La caída de la inversión en infraestructura, educación y salud, el deterioro de los servicios públicos y la creciente concentración del ingreso son algunas de las consecuencias visibles de este modelo que, lejos de ser neutral, tiene un claro sesgo distributivo de corte regresivo.
La política tributaria
Es necesario incluir en la agenda política nacional la discusión sobre otra política tributaria. El contexto internacional agrega una dimensión estratégica que no podemos ignorar. En Naciones Unidas se negocia actualmente una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que busca, entre otras cosas, trasladar el centro de la gobernanza tributaria global que lleva más de 60 años dominado por la OCDE.
Esta Convención aborda temas cruciales para la región, como la asignación de derechos de imposición entre países (hoy más favorable a la tributación en los países de residencia del capital), la tributación de las grandes fortunas, la asistencia administrativa mutua y el intercambio de información internacional, así como el abordaje de la tributación de los servicios transfronterizos en un contexto de digitalización de la economía.
En la región, 15 países han participado en los últimos años, como miembros plenos o como observadores de la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe (PT-LAC), cuya creación fue impulsada por Colombia en 2023, siendo en años posteriores presidida por Chile, Brasil y actualmente por República Dominicana.
Este espacio les ha permitido a los países de la región intentar una coordinación en la negociación de Naciones Unidas, donde el Grupo de África se muestra plenamente organizado y coordinado; así como para compartir sus experiencias legislativas en materias como la progresividad tributaria, los beneficios tributarios y la tributación y el medio ambiente. Argentina, sin embargo, se ha mantenido al margen de la PT-LAC, profundizando su aislamiento y su alineamiento con el Norte Global.
En los casi tres años que lleva el gobierno de Milei, el sistema tributario argentino ha sufrido retrocesos que van mucho más allá de la mera recaudación. Con el fin de generar recursos en el corto plazo y cumplir con compromisos electorales con sectores de altos ingresos y capital globalizado, el gobierno ha realizado blanqueos y bloqueos, a través de las medidas fiscales de 2024 y de la ley de inocencia fiscal de 2025, respectivamente. Estas medidas, por la estabilidad fiscal que brindan en el primer caso y las consecuencias limitativas en las capacidades de la administración tributaria en el segundo, serán un tema central que deberá abordar el gobierno que asuma en el próximo ciclo electoral. Pero ello no es todo.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), introducido a partir de la ley de bases de 2024 —que promete profundizarse mediante el Super RIGI— con su garantía de salida de capitales incluida y un conjunto de beneficios tributarios redundantes pero estabilizados por los próximos 30 años, será también un elemento compositivo del sistema tributario nacional con una permanencia que condicionará las políticas fiscales de las próximas décadas.
También se estableció un Régimen Especial para Bienes Personales, que levantó el piso de la base imponible, haciendo que menos personas lo paguen, y disminuyó alícuotas, por lo que las personas que ingresan pagarán menos. Asimismo, se eliminaron impuestos a bienes de lujo en la última reforma laboral.
Mientras tanto, el Congreso ha ratificado la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición que habían sido firmados durante el gobierno de Macri, y se encuentra negociando convenios con un número de otros países, cediendo así derechos a tributar a los países de residencia del capital, y limitando y comprometiendo la recaudación futura, sin estrategia alguna, y a cambio de no se sabe bien qué, ya que Argentina es un importador neto de capitales y servicios, y hay suficiente evidencia empírica de que los convenios para evitar la doble imposición no son condición necesaria para la entrada de mayores inversiones extranjeras.
Más condicionamientos
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional, en su informe para Argentina de mayo de este año, recomienda por un lado reforzar los impuestos patrimoniales —el inmobiliario provincial—, abordar el gasto tributario —ello en base a mediciones de 2023 que no consideran los beneficios otorgados a partir del RIGI—, y reducir un posible sesgo a favor de la financiación mediante deuda en relación con la financiación mediante capital propio, así como modificar los incentivos para la distribución de dividendos.
Sin embargo, el FMI también vuelve a la carga con sugerencias clásicas como la reducción del nivel general del impuesto a la ganancia corporativa y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Es decir, el FMI, aunque reconoce algunos problemas estructurales del sistema tributario argentino, insiste en recetas que profundizan la regresividad y debilitan la capacidad del Estado para intervenir en la economía.
Esta dualidad del organismo refleja las tensiones internas de su propio pensamiento económico, pero también la persistencia de un paradigma que prioriza los intereses del capital financiero por sobre las necesidades del desarrollo nacional.
Argentina comenzará en 2027 un nuevo ciclo electoral. En este contexto, la discusión sobre la agenda tributaria adquiere una relevancia central que no puede ser postergada.
El país debe definir si continúa profundizando el camino de la austeridad, el endeudamiento y la regresividad tributaria; o si retoma una senda de justicia fiscal que tenga por objetivo devolverle progresividad al sistema tributario para amplificar su potencial redistributivo y proteger el gasto público en infraestructura, educación, salud y avance tecnológico.
Argentina se encuentra en el centro de un tornado reaccionario que amenaza con arrasar décadas de conquistas sociales y fiscales. Desde las organizaciones y los colectivos que trabajamos con una mirada de tributación para la equidad, como ICRICT, FES y el Espacio de Trabajo para una Fiscalidad con Equidad (ETFE), entendemos que hay otro camino, solo hay que tomar la decisión de emprenderlo.
*Verónica Grondona es asesora de ICRICT y María Julia Eliosoff es directora de proyectos de FES.
Ambas integran el Equipo de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y hace pocos días participaron de la 34ª Conferencia Anual de la IAFFE (Asociación Internacional de Economía Feminista) en Cali, Colombia.