LA COCINA DE LOS CUIDADOS: SEGUNDO INFORME

El cese de la provisión de alimentos a comedores comunitarios y el recorte del programa Potenciar Trabajo con el pretexto de la “eliminación de intermediarios”, es parte del ataque a las estrategias comunitarias, que se da también por vías judiciales y represivas.

Así lo explica el 2° informe de “La cocina de los cuidados”, un espacio intersectorial que integra la Asociación Lola Mora junto a diversas organizaciones sociales, comunitarias y a referentes en el tema de los cuidados, para realizar un seguimiento de la situación de las políticas de cuidados y pensar alternativas colectivas.

Este espacio, coordinado por Virginia Franganillo y el CELS, lanzó en marzo un Monitor de las políticas públicas que impactan fuertemente en la vida de las mujeres y diversidades, cuyo seguimiento está a cargo de Lucía Cirmi y María José Rodríguez, con la colaboración del CELS.

En esta segunda entrega, se describe el avance del recorte en políticas de cuidado y sus consecuencias en las distintas poblaciones del cuidado, a 6 meses del inicio del gobierno de Javier Milei.

Algunas de las conclusiones:

-De 47 políticas de cuidados relevadas, el gobierno derogó o desmanteló 24 políticas, otras 16 están en peligro y sólo 7 se mantienen vigentes.

Solo se mantienen en pie algunas transferencias directas, mientras todas las políticas territoriales de cuidados, de infraestructura o de atención de las distintas poblaciones, está siendo desarmada, desarticulada o no tiene ejecución.

En lo que tiene que ver con las cuidadoras comunitarias, en estos 6 meses las novedades son negativas: a la falta de provisión de alimentos a los comedores, se suma el recorte en el programa Potenciar Trabajo, congelado en $78.000 desde diciembre, y el pase de estos programas a uno no productivo: Acompañamiento social. Esto, dice el informe, es parte del ataque dirigido a la destrucción de las estrategias comunitarias de intervención y de los mecanismos de organización y cuidado popular.

-Mientras la situación económica de millones de personas empeora, a las mujeres y personas LGBTIQ+ se les suma el aumento de las tareas de cuidado en sus hogares; menos trabajo formal y menos red frente a la violencia. Con el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la propuesta de desandar la moratoria en la Ley Bases, el gobierno instaló un clima de negación de las probadas desigualdades sociales en razón del género de las personas.

El retiro territorial del Estado se materializa también en el cierre de sus representaciones federales: desde la falta de entrega de alimentos a las organizaciones hasta el cierre de los Centros de Desarrollo Territorial, los Centros de Acceso a la Justicia, las delegaciones del programa Acercar Derechos, las delegaciones provinciales de ANDIS y PAMI, los equipos del plan ENIA, entre otros.

Encontrá el Informe #2 completo acá.

Scroll hacia arriba