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POR QUÉ ESTE 8 DE MARZO HAY QUE ESTAR
Lo urgente es el hambre

8 de marzo de 2024

Por Mariana Iturriza

Un nuevo Día internacional de la mujer trabajadora. Como cada año desde aquel primer paro internacional feminista de 2017, salimos a las calles a decir que trabajadoras somos todas, que a ver si pueden producir sin nosotras, que somos las que más trabajamos en nuestro hogar sin cobrar un peso, que somos las que cobramos menos fuera del hogar, las más precarizadas, las que engrosamos las filas de los hogares monoparentales más pobres, las que tenemos que arreglarnos sin la cuota alimentaria, las que nos endeudamos para pagar las cuentas, las que sostenemos la olla y la vida en los barrios con el trabajo colectivo.

Pero este año es diferente. El Estado, que debería ser el garante de la libertad y de los derechos más básicos, es ahora el que lleva adelante políticas que los ponen en riesgo. 

 

Este año lo urgente es el hambre.

En sólo tres meses, desde que asumió el gobierno de Milei, la crisis se profundizó abruptamente. A la devaluación inicial del 118% siguió una inflación que hoy ya llega a 60 puntos, pero que es mucho mayor para algunos alimentos de la canasta básica, para los medicamentos, los servicios, el transporte y los alquileres, desregulados desde la entrada en vigencia del DNU a fines de diciembre. Todos gastos que impactan más fuertemente en las mujeres y diversidades de los sectores populares, muchas veces jefas de hogar o responsables de hogares monoparentales.

 

El recorte en la educación y la salud públicas sobrecarga el tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado, revirtiendo así el proceso que se venía dando en la sociedad de reconocimiento y valorización de los cuidados. 

 

Los cuidados comunitarios

En las barriadas, la situación alimentaria es crítica. Las organizaciones de cuidados comunitarios, que en tiempos de crisis son las que garantizan la sostenibilidad de la vida, desde diciembre no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno nacional. En todo el país, allí donde existe alguno de los 34.000 espacios registrados en el Renacom (Registro nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios), la escena se repite: a pesar de que llega más gente a buscar su comida, los comedores tuvieron que reducir los días y algunos cerraron. 

 

En Tucumán, el Frente Popular Darío Santillán de la corriente histórica tiene red de huertas y panaderías que ayudan a abastecer a los comedores y merenderos de la organización. “Las ollas en las barriadas son las que están sosteniendo hoy en día, por lo menos una o dos veces por semana, el alimento en la familia”. Adriana Rodríguez es referenta del espacio La Vía, en el barrio 128 viviendas o Ciudad de Dios, que funciona de lunes a viernes y alimenta a 120 familias, pero donde muchas veces no alcanza la comida. “En Tucumán la situación está durísima, como en toda la Argentina, y golpeando fuertemente a las y los que menos tienen. Hay un odio contra las organizaciones sociales; en este gobierno se refleja el odio en su costado más cruel, hacia las mujeres, las niñeces y hacia nuestros viejos”. 

En la Ciudad de Buenos Aires las organizaciones sociales vienen realizando diversas protestas frente a las oficinas del gobierno Nacional, con el fin de obtener alguna respuesta. Ollazos, Ronda de las ollas vacías, Fila del hambre… todas han sido en vano.

 

Si el salario real cayó un 20% (según el Centro Cifra, de la CTA de lxs Trabajadorxs), la situación de las trabajadoras comunitarias es más grave aun, ya que en muchos casos cobran el salario social complementario (Potenciar Trabajo) que quedó congelado en diciembre en 78 mil pesos. Las organizaciones denuncian inclusive bajas indiscriminadas en el programa, que se reconvertirá pronto en otros dos, según anunció el gobierno. 

 

“¿Para qué les sirven los 70 y pico mil que les pagan si el kilo de carne se ha ido de 1.500 a 7000 u 8000 pesos? El boleto de colectivo también ha subido muchísimo”, se pregunta Ana Bárbara Celayes, Pelusa, mujer trans jubilada y referenta del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita de Tucumán, quien también trabaja en un comedor comunitario. Por eso, cuando piensa en las demandas de este 8M propone: “ya no tenemos que enfocarnos tanto en las necesidades de la mujer, porque las necesidades de la mujer son las necesidades básicas de todas las personas, que están siendo vulneradas. Nosotras como feministas tenemos que poner esas necesidades en agenda y hacerlas visibles.”

 

La organización popular

Por eso es necesario y urgente que los comedores cuenten con todos los insumos que precisan para funcionar. Así lo expresa Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular): “Es muy grave lo que está pasando. Vos no podés ajustar y encima no entregar alimentos. ¡Esos comedores no pueden estar cerrados!”. Y agrega, frente a las acusaciones de supuestas irregularidades, que una de las utilidades del Renacom, fue que los funcionarios pudieron comprobar la existencia de los comedores registrados. 

Es que, en las últimas semanas, las organizaciones sociales fueron objeto de una campaña de sospechas y denuncias por parte del gobierno nacional, que terminó con la quita del 97% del Fondo de Integración Socio Urbana (el FISU, creado por el gobierno anterior, que contribuyó a la urbanización y mejora de barrios populares de todo el país). Por eso hablan de ensañamiento y persecución. “Claramente hay un mensaje de trasfondo; quieren destruir lo que hemos construido y que es tan hermoso, que es la organización popular”, reflexiona Norma Morales, referenta de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP. “Ellos ven una amenaza en esa transformación que hemos logrado hacer con montones de compañeros, especialmente con las mujeres de los sectores populares. Hoy no somos las mismas de hace 20 años, estamos con un rol mucho más protagónico, hablamos por nosotras mismas y en esta coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, una vez más somos nosotras las que nos volvemos a poner en primera línea para cuidar a nuestro pueblo”.

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