El estudio fue presentado por Eleonor Faur y se centró en mujeres que realizan trabajos de cuidado fuera del hogar, tanto en el ámbito comunitario como en casas particulares, para comprender cuáles eran los límites de estas mujeres o de estos trabajos frente a su propia autonomía económica. 

Se trabajó con 3 sectores: trabajadoras de casas particulares, de comedores comunitarios y de jardines o centros de cuidado infantil. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad el AMBA.

Los tres sectores tienen en común que llevan adelante un trabajo esencial para sostener la vida de lxs destinatarixs de estos trabajos. Pero también hay diferencias: en el trabajo en servicio doméstico hay una relación mercantil entre la trabajadora y un hogar, con una diferencia de poder muy desigual que configura buena parte de las desventajas que tienen estas trabajadoras a la hora de entrar al mercado de trabajo. En el trabajo comunitario no existe la figura del empleador; se construyen vínculos entre lo comunitario, el Estado y los hogares.

En el trabajo comunitario los objetivos son sostener el bienestar de miembros de las comunidades, de las que muchas veces las trabajadoras forman parte (también las trabajadoras domésticas pertenecen a los sectores populares). El Estado avanzó en general en el financiamiento de esos espacios comunitarios, pero no en el reconocimiento del trabajo de cuidados necesarios para su funcionamiento. En el caso del trabajo doméstico el Estado regula, pero su capacidad de fiscalizar es bastante incompleta.

Otro punto en común es que las tres actividades han tenido un importante impacto durante la pandemia, no sólo en las condiciones de trabajo sino también en la tarea diaria: los jardines, al suspender la presencialidad, se volcaron hacia la asistencia alimentaria y a la continuidad pedagógica, haciendo frente a los problemas de conectividad, debido a que están inmersos en barrios de escasos recursos. En los comedores hubo un aumento de la demanda y un recambio de perfil de la población, además de la implementación de protocolos de salud.

En cuanto a las trabajadoras de casas particulares, el Estado decretó licencia con goce de sueldo, pero la informalidad previa del sector (77%) y las dificultad en el cumplimiento de este decreto, hicieron que muchas mujeres quedaran desprotegidas (se encontraron diversas situaciones entre la que se le respetó el trabajo, el suelo y la licencia, y la que perdió el trabajo y el sueldo). La mayoría experimentó una enorme incertidumbre frente a la continuidad de su trabajo y una mayor vulnerabilidad económica y social. La autonomía económica retrocedió. En cuanto a las trabajadoras comunitarias, los ingresos que cobran son insuficientes y no se reconocen como salarios. Todas estas trabajadoras están por debajo de la línea de pobreza en general y carecen de protección social.

Por eso el estudio se pregunta si es posible asegurar los cuidados que requiere la sociedad si no se sostiene a quienes cuidan. Y propone reconocer el cuidado como trabajo y como derecho; poder garantizar los derechos de las trabajadoras en todos estos servicios, incluida la protección social. Es importante la formalización; en el caso de las trabajadoras comunitarias hay un vacío legal. En este momento hay dos proyectos de ley presentados para reconocer el trabajo sociocomunitario. En el caso de las trabajadoras domésticas, generar algunas iniciativas legales y fiscalizar.